Las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los/as funcionarios/as públicos/as son instrumentos clave con los que cuenta la ciudadanía y los organismos especializados para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades o conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. El libre acceso a información clara y completa de las DDJJ resulta de especial relevancia para detectar presuntos desvíos de fondos y prácticas corruptas en la administración de la cosa pública, y garantizar no sólo la transparencia y la efectiva rendición de cuentas gubernamental, sino el ideal de construcción colectiva de una democracia de calidad.
Sin embargo, el sistema de DDJJ en Argentina ha dado retrocesos significativos en los últimos meses. En mayo de 2013 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Publicidad de las Declaraciones Juradas de los/as funcionarios/as públicos de todos los Poderes del Estado, que complementa la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. A partir de las normas reglamentarias dictadas por los distintos poderes del Estado, se han producido serios déficits en materia de transparencia, en tanto la información disponible en las DDJJ se restringe severamente: ya no es posible acceder a la información correspondiente a los bienes de cónyuges e hijos/as menores, ni de empleos anteriores de los/as funcionarios/as públicos/as.
Reducir la información accesible de las DDJJ quita herramientas para detectar enriquecimientos indebidos y para combatir actos de corrupción -incluyendo eventuales vinculaciones entre funcionarios/as públicos/as y actividades delictivas de criminalidad organizada, entre otras-.
Es por ello que las organizaciones ACIJ y Contadores Forenses, integrantes de La Otra Trama, realizaron el siguiente video explicativo que presenta los principales problemas de la normativa vinculada a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los/as funcionarios/as públicos/as, y llama la atención sobre la necesidad del íntegro cumplimiento de la Ley de Ética Pública para prevenir y detectar prácticas corruptas.
