En la provincia de Córdoba existen organizaciones que se dedican a la trata de mujeres y al narcotráfico con conexiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La denuncia ante la Justicia Federal la realizó la fundación
La Alameda a través de la Red Antimafia de esa provincia.
Según la causa judicial a la que accedió “DEMOCRACIA”, uno de esos grupos delictivos secuestraba mujeres y niñas y vendía drogas prohibidas “al menudeo” a través de la agencia de autos Renta Rap.
Según consta en la denuncia de La Alameda, “estas redes de tráfico de estupefacientes utilizaban, para el traslado de cocaína y precursores químicos desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia mediterránea, autos oficiales de la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal Argentina con asiento en Córdoba” y de la agencia Renta Rap a través de vehículos, muchos de ellos robados y con pedido de secuestro.
Por otro lado, la ONG, que cuenta con el apoyo incondicional del papa Francisco, elaboró el mapa del delito cordobés, que presentaron ante el Juzgado Federal Número 6, a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi, con fotografías y la ubicación precisa de las cocinas de cocaína y pasta base, puntos de venta de drogas, prostíbulos y talleres clandestinos.
El escrito describe, con nombres, las pandillas y bandas que azotan los barrios más humildes que rodean la Ciudad de Córdoba y que hasta ahora las autoridades provinciales prefieren ignorar.
También se detalla la forma en que “las autoridades policiales” generaban “enfrentamientos entre bandas, lo cual facilitaba la consolidación de una banda sobre otra, según la conveniencia de las distintas policías (ya sea la provincial o Federal), las cuales tenían enfrentamientos entre ellos”.
Parte de esta operatoria quedó al descubierto después del procesamiento de seis comisarios que integraban la División Drogas Peligrosas de la policía cordobesa –tal cual viene informando con lujo de detalles este semanario– y se trasformó en un escándalo nacional, ya que estos uniformados llegaron a robar cargamentos de drogas decomisados por la propia Policía Federal.
Las bandas
Según el mapa del delito y de las pandillas presentado ante la Justicia, los principales grupos mafiosos que operan en Córdoba son los siguientes:
En los barrios Patricios, Yofre Norte y Yofre Sur, operan “Los Pescados Bonaldi”.
En la Villa Páez operan varias bandas de narcos, desarmadores de autos y reducidores de objetos robados denominados “El Gordo Rodrigo”, “El Chancho”, “La Banda de González”, la del “Negro Sita”, “La Gringa” y la banda de “La Sandra”.
En el barrio Maldonado el delito organizado era manejado por la banda del “Chancho González”, pero al mudarse de barrio para ganar territorio en la Villa Páez, dejó el negocio sucio del narcomenudeo y la venta de estupefacientes a través de “kioscos” o pequeños búnkers a su hermano Iván, quien está prófugo de la Justicia ya que tiene pedido de captura y al cierre de esta edición se lo buscaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el barrio José Ignacio Díaz acciona la banda comandada por “El Tuerto Cacho”, que en los últimos meses vio comprometido su poder territorial por la disputa de la “Banda de Abel”.
En los barrios Villa El Chaparral, Maldonado y Ciudad de Mis Sueños el tráfico de drogas es manejado por dos bandas que comercializarían entre 80 y 100 kilos de droga por semana. Uno de esos grupos mafiosos sería manejado por “El Tuerto Cacho”, el alías de Raúl Cuello, cuyos vínculos con policías provinciales ya estarían probados.
En el barrio El Libertador los punteros de droga son manejados por la banda del “Topo” y la familia Arce. Ambas pandillas ya se enfrentaron a los tiros y por esa razón la mayoría de sus integrantes están bajo la lupa de la Justicia o ya tienen pedido de captura.
Por último, en el barrio Lamadrid también se dirime a sangre y fuego el dominio de las zonas copadas por las mafias. Allí el espacio es disputado por la familia Ceballos y la banda del “Gordo Loli”.
Las cocinas
Las denuncias que cursan en la Justicia Federal reflejan que en la Ciudad de Córdoba operan al menos “siete grandes cocinas de pasta base y clorhidrato de cocaína”. Marcelo Villarroel es líder en el corte de pasta base de cocaína.
El sistema de corte se divide en dos tipos: cocaína genérica, que lleva más éter, acetona y lactosa; y una de mayor pureza denominada “Alita”. Esta última es la de mayor circulación y su costo es $120 el gramo.
En el barrio Paraíso los que mayor influencia tienen en la comercialización de pasta base son –según La Alameda– “Elvio”; “Julito López” y la Banda de los Gordos.
En el barrio Lamadrid, quien maneja la producción de pasta base es una persona denominada por vecinos y testigos de identidad reservada como el “Gordo Loli”.
“Los Gordos”
Según describió ante “DEMOCRACIA” Gustavo Vera, titular de la fundación La Alameda y amigo personal del papa Francisco, la “Banda de los Gordos” cocina entre 15 y 20 kg de cocaína por semana.
Uno de esos laboratorios clandestinos funcionaría en la calle Berni al 3100. En Villa Páez, las cocinas las maneja el “Gordo” Rodrigo, una de ellas ubicada en el pasaje José Méndez y La Igualdad. La información entregada a La Alameda y presentada ante las autoridades judiciales identifica tres cocinas más por parte de esta banda, una manejada por el “Rengo” Luis; otra en la casa de la madre del “Gordo” Rodrigo y otra en un departamento de ese mismo barrio.
Guerra al narcotráfico
La proliferación de las cocinas de droga, la venta de cocaína y otras sustancias prohibidas en Córdoba no es una novedad. El año pasado, después de una obligada purga en la mismísima cúpula policial por sus notables vínculos con las bandas narco, esa misma fuerza del orden se sublevó por un presunto reclamo de aumento salarial, pero según la fiscalía que investigó los saqueos generados por esa medida, habría sido un “mensaje mafioso” al gobernador José Manuel de la Sota –de viaje en Panamá– por la mencionada purga.
Un año antes, en 2012, el mismo De la Sota, un político con aspiraciones de suceder a Cristina Fernández de Kirchner en 2015, declaró públicamente la “guerra contra el narcotráfico y la trata de personas” por el avance “en el mundo y en la sociedad de Córdoba de esos dos flagelos”.
Según anunció el propio gobernador, “la provincia crea el Programa Provincial de Lucha contra la Trata y la Explotación Sexual, que se centrará en la desarticulación de las mafias y el crimen organizado que explota y esclaviza mujeres para someterlas a prostitución forzosa”.
Según sus propias palabras, el anunciado programa y las leyes que se enviaron a la Legislatura “tienen entre sus objetivos principales desbaratar las redes de venta de estupefacientes en sus distintas modalidades en el ámbito de la provincia”, algo que a las claras no se logró o, lo que es mucho peor, se fue incrementando.
Tanto es así que, según las denuncias judiciales realizadas por la Red Antimafia –y reconocido por el propio precandidato a la presidencia de la nación–, en la ciudad de Córdoba ya estaría operando el peligroso cartel mexicano de Sinaloa en el negocio de la trata de personas y el tráfico de estupefacientes.
Según La Alameda, integrantes mafiosos de ese cartel ya se adueñaron de varias whiskerías y bares nocturnos cordobeses, que utilizan como base de operaciones para el ejercicio de la prostitución y la trata.
Como en otras ciudades del país, allí también obligan a las mujeres a prostituirse después de quitarles los documentos y a sus hijos, a quienes mantienen como rehenes, algo tremendo que conmociona a la provincia mediterránea.
También el cartel de Cali
A las ramificaciones del cartel de Sinaloa en Córdoba vinculadas a la trata de personas y la prostitución, se suma la sospecha de que también el temible cartel colombiano de Cali opera en La Docta. No se trata de insinuaciones de los vecinos sino de constancias judiciales, que se inician en el territorio de De la Sota por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y terminan en la provincia de Misiones, donde fueron detenidos dos integrantes de la banda narco liderada por Héctor Argentino Gallardo, que fue detenido en la provincia de Salta.
Los rastros de este último fueron seguidos hasta allí previo retiro de dinero en Córdoba y Misiones proveniente del narcotráfico para ser “lavado” en una concesionaria de autos salteña.
Gallardo, también conocido como “El Cordobés”, es nombrado en el expediente como el “capitán” argentino ante el cartel de Cali. En la causa que se instruye en el Juzgado Federal Nº 1, “El Cordobés” no solo está acusado de ser el jefe de la banda que operaba en el país con ramificaciones en varias provincias, sino también de ser un capo narco con conexiones internacionales que lava dinero obtenido a través de la distribución y comercialización de estupefacientes.
La tarea de Gallardo sería colectar el dinero presumiblemente lavado por sus cómplices en la concesionaria y enviarlo a sus “superiores” en Colombia. Justamente uno de sus últimos “retiros en efectivo” habría sido de 3 millones de pesos, un monto insignificante si se tienen en cuenta los millones de dólares que maneja el poderoso cartel colombiano.
Héctor Gallardo no es el único de la familia que se dedica al tráfico y lavado de activos utilizando como catapulta su provincia natal; Antonio, uno de sus hermanos, ya fue condenado a seis años y medio de prisión por el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba por ser responsable del tráfico de 200 kilogramos de marihuana desde Paraguay a Córdoba: 162 kilos fueron secuestrados en Misiones y 44 kilos en la ciudad de Córdoba. Junto a él fue condenado Pedro “Pity” Arrúa, peso pesado entre las mafias narco que operan en Córdoba.
Según las causas judiciales abiertas contra los narcos cordobeses, los Gallardo son millonarios. Millonarios que, según la AFIP, no pueden justificar su fortuna y propiedades repartidas en fincas y campos adquiridos con dinero negro en Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Córdoba y Misiones.
Como se ve, en Córdoba aún hay mucho para investigar y mucho, pero mucho para combatir en materia delictiva y mafias. Mafias con conexiones en el exterior que llegan a determinadas provincias para quedarse y sembrar el terror.
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